España se encuentra «al borde» del incumplimiento de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea debido a una desviación en su senda de gasto neto primario, según ha señalado la Comisión Europea. El desvío, que asciende a unos 5.000 millones de euros, sitúa al Gobierno español rozando el umbral que activaría un potencial procedimiento de déficit excesivo, tanto para el año en curso como para 2026. El Ejecutivo comunitario ha lanzado una advertencia formal a Madrid, señalando que el gasto neto primario, la cifra clave que mide la sostenibilidad fiscal bajo la nueva normativa europea, está superando la senda acordada entre ambas partes.
Las nuevas reglas fiscales se centran en el gasto neto primario, que incluye el gasto público que no contempla intereses de la deuda, partidas financiadas por la UE o gastos no recurrentes. Esta senda, acordada para el periodo 2025 a 2031, busca garantizar la caída del déficit y la deuda pública a medio plazo. Sin embargo, las estimaciones de Bruselas para España revelan una desviación significativa respecto al plan:
- 2025: El aumento del gasto neto primario se sitúa en el 4,5%, frente al 3,7% que se había previsto inicialmente para este año.
- 2026: El aumento proyectado es del 4,3%, superando el 3,5% acordado en el plan fiscal a medio plazo.
El riesgo de incumplimiento se materializa porque el desvío anual en puntos del PIB ha rozado el límite del 0,3% fijado por las normas europeas para 2025 y 2026. A pesar de la alerta, España ha esquivado el incumplimiento «por la mínima», ya que la desviación se quedó «ligeramente por debajo de ese límite este año». En términos económicos, esta desviación se cuantifica en unos 5.000 millones de euros en gasto adicional que excede la senda pactada.
Ligero respiro
Aunque el desvío anual está en la cuerda floja, la situación se modera ligeramente al observar el límite acumulado a lo largo de los años, que se permite hasta un 0,6% del PIB. La Comisión señala que la desviación acumulada de España se encuentra en estos momentos en el 0,2%, lejos del tope máximo.
Esta circunstancia es relevante, pues si en 2026 el país superara el límite anual del 0,3%, lo que podría abrir un procedimiento de déficit excesivo, las fuentes comunitarias indican que el hecho de que el desvío acumulado se mantenga bajo (en el 0,2%) podría ser considerado a nivel político.
Fuentes comunitarias destacan que el gasto se acelerará en 2026, impulsado por partidas sensibles como las pensiones, la defensa y los intereses de la deuda. Sin embargo, también abren la puerta a una posible corrección: «Está al límite, tanto este año como el que viene, así que si hay un aumento de gasto podría superarse, pero también puede haber nuevas medidas de ingresos por el otro lado equilibrándose», explicó una fuente de la Comisión.
El origen de la discrepancia
La senda de consolidación fiscal fue resultado de un acuerdo entre el Gobierno español y la Comisión, basado en una propuesta técnica de Bruselas. No obstante, el Gobierno español logró «rascar mucho más margen del previsto en las cifras de los técnicos comunitarios».
El Ministerio de Hacienda defendió en su momento que las diferencias entre la senda propuesta por la Comisión y la defendida por el Gobierno radicaban en «un conjunto de hipótesis que difiere de las de la Comisión», citando específicamente la «incorporación al análisis de sostenibilidad de la deuda del impacto de la reforma de las pensiones y de los últimos datos de población disponibles».
Las cifras que maneja la Comisión no son definitivas y solo quedarán consolidadas con la notificación fiscal que se deberá realizar el año próximo. Hasta entonces, el Gobierno de España se enfrenta a la presión de Bruselas para reajustar su gasto y evitar el temido procedimiento de déficit excesivo.
Imagen: María Jesús Montero, ministra de Hacienda (Pool Moncloa).
