El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunitat Valenciana (ATA CV), Alberto Ara, lanzó un duro mensaje sobre la situación que atraviesan los autónomos y microempresas en España, denunciando que el marco regulatorio y fiscal actual se ha convertido en un obstáculo constante para su supervivencia. “Cuando se llega a jugar un partido, y el árbitro lleva la camiseta del equipo contrario, es muy complicado”, afirmó. “El Ministerio de Trabajo está haciendo unas normas que atacan a la pequeña y mediana empresa, porque todas las medidas que ponen en pro del trabajador son para que sigan pagando las empresas y el Estado no echa una mano”.
Ara aseguró que “los microempresarios y los autónomos están metidos en una ola de sufrimiento, aunque se diga que la macroeconomía va como un tiro”. Reclamó ayudas “en vena”, no solo económicas, sino también en forma de reducción de trámites para que “la burocracia no se coma a los autónomos”.
Entre las principales preocupaciones, señaló una “presión fiscal asfixiante” y nuevas obligaciones como el sistema Verifactu, que, según dijo, aumenta las posibilidades de sanción por errores involuntarios. “Muchas de las sanciones que se ponen desde Hacienda es porque van a por los más fáciles”, lamentó.
Ara también reivindicó que “las empresas deben tener beneficios, aunque esté mal visto”, al considerar que la rentabilidad permite invertir, crear empleo y generar un consumo positivo que sostiene el estado del bienestar. Sin embargo, denunció que el récord de recaudación fiscal actual está asociado a “una presión fiscal tremenda”. Como ejemplo, recordó que, pese a las ayudas tras la Dana, “se sigue recaudando el 21% del IVA de muchos servicios, materiales y obras que se están llevando a cabo”.
El presidente de ATA CV apuntó además al retraso de la administración en sus pagos: “El eslabón más débil de la cadena somos los autónomos o los microempresarios, que sin recibir sus cobros a tiempo tienen que seguir pagando a sus empleados, sus impuestos o sus gastos, cuando muchas veces es la administración la que tarda meses en pagar siendo lenta por sí misma”.
Otro de los problemas que denunció es la “auténtica inseguridad jurídica” provocada por lo que considera una “incontinencia legislativa constante”. Según Ara, “cada año se legisla más de un millón de folios entre todas las administraciones existentes”.
A pesar del complejo panorama, destacó un dato positivo: “Nuestra región es la primera comunidad que crece en números absolutos de toda España, siendo más de 300.000 personas instaladas en todos los sectores de la economía”. Sin embargo, advirtió que no todo es optimismo: “El año ha sido bueno, aunque un 15 o 20% de los autónomos afectados por la Dana del sector hostelero y del comercio pueden no volver a abrir”.
