La confrontación entre el Gobierno y la oposición ha materializado un nuevo revés económico y político en el Congreso de los Diputados. Por segunda vez en menos de un mes, el Pleno de la Cámara Baja tumbó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2026-2028. La votación, que se saldó con el rechazo del PP, Vox, Junts y UPN, fuerza al Ejecutivo a aplicar un marco fiscal más restrictivo sobre las comunidades autónomas.
Este segundo rechazo a la Senda de Estabilidad implica una consecuencia directa: el Gobierno no podrá utilizar la senda de déficit más flexible que había diseñado para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. En su lugar, deberá acogerse a los límites de déficit más estrictos que marca la legislación vigente.
Pese al rechazo de la senda, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha confirmado que seguirá adelante con la presentación de los Presupuestos de 2026, que tendrán de base una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas.
El ‘no’ de Junts
Eso sí, desde Junts le han advertido de que incumplir con Cataluña tiene consecuencias. «Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana», ha remarcado Josep Maria Cruset durante el debate en el Congreso de los Diputados. La senda que ha rechazado el Congreso, y que supone el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, fija una hoja de ruta para reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.
Para las comunidades autónomas se había propuesto un déficit del 0,1% del PIB para los próximos tres años, mientras que para la Administración Central se ha propuesto un déficit del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028. No obstante, una vez rechazada la senda de déficit, entrará en vigor la plasmada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida el año pasado a Bruselas, que es la misma a nivel global, pero deja una décima menos margen de gasto a las comunidades autónomas y otorga una décima más a la Administración Central.
En concreto, los objetivos del plan fiscal estructural sitúan la senda en 2026 para las comunidades autónomas en la estabilidad presupuestaria (0% de déficit frente al 0,1% que propone Hacienda), lo que les resta margen de gasto a las regiones.
El caso de Madrid
Esto supone que las comunidades autónomas tendrán que hacer un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros en 2026 y, si se tiene en cuenta todo el periodo, se van a perder 5.485 millones en capacidad de gasto para el subsector comunidades autónomas.
Por comunidades, Madrid será la región que pierda un mayor margen de gasto entre 2026 y 2028, de unos 1.088 millones, mientras que en Cataluña será de 1.038,7 millones y en Andalucía, de 731,4 millones, según los cálculos del Departamento que dirige María Jesús Montero.
Le siguen Comunidad Valenciana (509,9 millones); Galicia (280,8 millones); Castilla y León (256,7 millones); Canarias (200,5 millones); Castilla-La Mancha 193,3 millones); Aragón (169,6 millones); Baleares (153,4 millones); Región de Murcia (144,2 millones); Asturias (103,3 millones); Extremadura (91,5 millones); Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).
Montero ha lamentado así que, a quien realmente perjudica el rechazo a la senda de estabilidad son las propias comunidades autónomas. «No se puede explicar que, ofreciendo un mayor margen, algunos voten en contra. Solamente se puede explicar si hay un partido en esta Cámara o varios partidos en esta Cámara que estén instalados en el no por el no», ha criticado.
Imagen: María Jesús Montero, en una imagen de archivo. (Moncloa).
