La hoja de ruta para la descarbonización del transporte en Europa ha experimentado un cambio estratégico tras las intensas negociaciones en Bruselas. La Unión Europea ha decidido flexibilizar el veto absoluto a los vehículos de gasolina y diésel que inicialmente debía entrar en vigor en 2035, tal y como publicamos en septiembre. Esta modificación responde a las exigencias del sector automotriz y a las peticiones de diversos gobiernos que alertaban sobre los riesgos económicos de una transición excesivamente rígida.
En lugar de la prohibición total, el nuevo marco normativo establece que los fabricantes deberán reducir sus emisiones de CO2 en un 90% para mediados de la próxima década, tomando como referencia los niveles de 2021. Este margen del 10% restante permite que los motores tradicionales sigan en el mercado bajo condiciones específicas, vinculando su continuidad al uso de tecnologías de compensación como los combustibles electrónicos, biocombustibles o el empleo de acero bajo en carbono de origen comunitario.
Bajo este nuevo escenario, modelos como los híbridos enchufables o los vehículos de autonomía extendida convivirán con los eléctricos y los de hidrógeno. Asimismo, la normativa ha prestado especial atención al sector logístico, rebajando las exigencias para las furgonetas —un segmento con mayores dificultades para la electrificación—, cuyo objetivo de reducción de emisiones para 2030 pasa del 50% al 40%.
Impulso al coche eléctrico
Para compensar esta relajación y dinamizar la industria, la Comisión Europea ha introducido el sistema de «supercréditos» hasta 2035, destinado a incentivar la producción de turismos eléctricos que sean económicos y accesibles para el ciudadano medio. A esto se suman nuevas directrices para fomentar que las grandes empresas renueven sus flotas comerciales con vehículos de cero emisiones, garantizando así un flujo constante de coches eléctricos hacia el mercado de ocasión.
Esta decisión ha evidenciado una fractura de opiniones en el seno de la Unión. Países con un fuerte peso industrial como Alemania, Italia y Polonia lideraron una ofensiva diplomática para proteger la competitividad de sus plantas, argumentando que una prohibición radical ponía en jaque la economía regional. En su carta a la Comisión, este bloque subrayó la necesidad de cumplir las metas climáticas sin desmantelar la estructura productiva europea.
En el lado opuesto, España ha encabezado la resistencia a estos cambios, defendiendo la estabilidad de los objetivos originales. El Ejecutivo español ha advertido que variar las reglas de juego a mitad de camino castiga a las empresas que ya han invertido miles de millones de euros en la electrificación total, alertando además de que este retraso en la descarbonización podría derivar en la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de instalaciones industriales en el país.
Según un comunicado de la Comisión Europea, las propuestas clave incluyen:
- Revisión de las normas de CO2 para automóviles, furgonetas y vehículos pesados para ayudar a los fabricantes a cumplir sus objetivos para 2035
- Ecologizar las flotas corporativas para acelerar la adopción de vehículos de cero emisiones y de bajas emisiones
- Estrategia de refuerzo de baterías con 1.800 millones de euros para una cadena de valor de baterías fabricada íntegramente en la UE
- Un programa ómnibus automotriz para aliviar las cargas administrativas, reducir los costos e introducir una nueva categoría de vehículos: «automóviles pequeños y asequibles».
- Normas revisadas sobre el etiquetado de los vehículos para que los consumidores tengan información completa sobre las emisiones de los vehículos, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas al comprar un coche.
