La movilidad en la ciudad de València ha experimentado un giro inesperado en las últimas horas debido a la actualización de las normativas estatales sobre el transporte público. Tras semanas de incertidumbre y debates políticos sobre la financiación de las tarifas de la EMT, el Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles un decreto ley que altera el escenario previsto para el próximo ejercicio. Ayer informábamos que el consistorio asumiría el coste de 14 millones para mantener los descuentos. Ahora no será necesario.
La decisión llega en un momento crítico para el consistorio, que se encontraba en una encrucijada técnica y económica debido a la ausencia de una ordenanza definitiva sobre las restricciones de tráfico en el núcleo urbano. La falta de consenso en el equipo de gobierno para implementar las medidas medioambientales exigidas parecía abocar a la capital a perder las subvenciones estatales de forma inminente.
Hasta este momento, el acceso a las bonificaciones para el transporte urbano estaba estrictamente vinculado a la puesta en marcha de zonas restringidas para vehículos contaminantes. Sin embargo, el Ministerio de Transportes ha optado por una prórroga de los criterios de flexibilidad que otorga un nuevo margen de maniobra a las administraciones locales de toda España que todavía no han completado sus planes de sostenibilidad.
Esta modificación del decreto ley permite que los municipios de más de 50.000 habitantes que aún no dispongan de una Zona de Bajas Emisiones operativa puedan seguir beneficiándose de las ayudas, con la condición de que implanten dicha zona a lo largo del próximo año. Para las arcas municipales de València, esta medida supone un alivio financiero de 14 millones de euros, cantidad que la alcaldesa María José Catalá había anunciado previamente que el Ayuntamiento asumiría «a pulmón» para evitar que el precio de los billetes de autobús subiera para los ciudadanos.
La primera edil, que ha conocido la noticia durante su visita navideña a los cuerpos de seguridad este día de Nochebuena, ha calificado la decisión de «grata sorpresa». Según ha explicado la alcaldesa, la flexibilidad del Gobierno central evita una carga económica extraordinaria para el consistorio, señalando que posiblemente la decisión ministerial se deba a que otros municipios de distintos signos políticos se encontraban en la misma situación de retraso en sus ordenanzas.
Desde la oposición, el optimismo del gobierno local es visto con cautela y fuertes críticas. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha señalado que este cambio normativo es simplemente un «balón de oxígeno» que no soluciona la falta de gestión en materia de salud pública y contaminación. Según la representante de la formación valencianista, el retraso en la ordenanza no solo afecta a la calidad del aire, sino que mantiene en riesgo la posible devolución de hasta 115 millones de euros procedentes de fondos europeos si no se cumplen los compromisos adquiridos.
La situación actual deja un calendario ajustado para el ejecutivo municipal, que ahora dispone de doce meses adicionales para desatascara la negociación política y aprobar una normativa de bajas emisiones que cumpla con los estándares estatales y europeos. Mientras tanto, los usuarios de la EMT tienen garantizada la continuidad de los precios reducidos durante todo el año 2026 gracias a este cambio de criterio del Ejecutivo central.
