El Consejo de Ministros ha formalizado la extensión del denominado ‘escudo social’ para el próximo ejercicio mediante la aprobación de un Real Decreto-ley que busca blindar a los ciudadanos ante la inflación y la vulnerabilidad habitacional. Esta normativa, presentada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, consolida una serie de ayudas directas y beneficios fiscales que pretenden ofrecer estabilidad a las familias en un contexto económico todavía exigente. Entre las medidas más destacadas se encuentra la protección de suministros básicos, garantizando que ninguna familia vulnerable sufra cortes de luz, gas o agua hasta finales de 2026.
La portavoz del Ejecutivo ha enfatizado que el objetivo prioritario es que los ciudadanos mantengan su capacidad de consumo, especialmente aquellos sectores con rentas más ajustadas. En este sentido, la norma no solo se limita a la esfera energética, sino que también interviene en el mercado del alquiler mediante la prórroga de la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares sin alternativa habitacional. Según ha explicado Saiz, estas herramientas son «un escudo fundamental» que, según diversos estudios sociales, consiguen reducir significativamente las tasas de pobreza en todo el territorio nacional.
Además de la protección social, el decreto introduce mejoras específicas para colectivos profesionales que desempeñan labores de alto riesgo o servicios esenciales. Se ha dado luz verde a una cotización adicional que permitirá anticipar la jubilación de los bomberos forestales y agentes medioambientales, una decisión que la ministra ha calificado como un acto de justicia para quienes «se juegan la vida protegiendo nuestros pueblos». Al mismo tiempo, el sector sanitario verá prorrogada la posibilidad de que médicos de familia y pediatras compatibilicen su actividad laboral con la pensión, tratando de paliar así la falta de profesionales en la atención primaria.
Pensiones
Esta revalorización general asegurará que los más de 9,4 millones de pensionistas del país no pierdan poder adquisitivo, traduciéndose en un incremento anual de unos 570 euros para la pensión media de jubilación. El esfuerzo presupuestario es especialmente notable en las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, que experimentarán un repunte del 11,4% en 2026. La portavoz ha recordado que este sistema busca ofrecer «certeza» a los mayores, garantizando que sus ingresos evolucionen de forma paralela al coste de la vida y los gastos cotidianos.
En paralelo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado una ambiciosa estrategia para fomentar la movilidad sostenible y la cohesión territorial. El ministro Óscar Puente ha confirmado la prórroga de las bonificaciones en el transporte estatal, incluyendo la gratuidad para menores de 14 años en autobuses y trenes de media distancia. Como principal novedad para el mes de enero, se pondrá en marcha el nuevo Abono Único, una tarifa plana de 60 euros —30 para jóvenes— que integrará los servicios de Cercanías, Rodalíes y autobuses interregionales en un solo título nominativo.
Para completar este paquete de medidas, el decreto mantiene los incentivos fiscales para la transición energética, como las deducciones en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos o la realización de obras de rehabilitación en viviendas. También se han incluido partidas específicas para la reconstrucción de las zonas afectadas por catástrofes naturales, permitiendo a la Comunidad Valenciana mayor flexibilidad financiera para recuperarse de los daños de la dana. Con estas acciones, el Ejecutivo pretende cerrar el año 2025 asegurando una red de seguridad que abarque desde la movilidad urbana hasta la fiscalidad de los trabajadores autónomos.
