La comunidad internacional ha comenzado a articular una respuesta de firme oposición frente a la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano. En un movimiento diplomático coordinado, los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay han emitido un comunicado conjunto en el que manifiestan su rechazo absoluto a la operación ejecutada por la administración de Donald Trump. Los países firmantes han querido dejar claro que estas acciones unilaterales suponen un desafío directo a los cimientos de la convivencia global, reafirmando su inquebrantable apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
El texto difundido por estas seis naciones, que también publica la página web de La Moncloa, subraya la gravedad de la intervención, señalando que los ataques contravienen los pilares básicos del derecho internacional. En términos muy severos, los gobiernos aliados denuncian que se ha vulnerado la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados. Según el documento, este tipo de maniobras militares no solo desestabilizan el orden actual, sino que “constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.
La preocupación de los mandatarios firmantes va más allá del conflicto inmediato y se extiende a la protección de los activos estratégicos de la nación caribeña. El comunicado alerta sobre el riesgo de que potencias extranjeras tomen las riendas de la gestión económica del país tras la captura de su anterior cúpula. En este sentido, los países han manifestado su inquietud ante cualquier “intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, una posibilidad que consideran incompatible con el derecho internacional y una amenaza directa para la estabilidad económica y social de toda la región.
Frente a la fuerza de las armas, el bloque liderado por España y las principales potencias sudamericanas aboga por un retorno inmediato a la diplomacia y a los canales institucionales. El comunicado es tajante al afirmar que la crisis venezolana no puede resolverse mediante la intervención extranjera, sino que debe abordarse “exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones”. Para estos gobiernos, el único camino legítimo hacia una salida democrática y sostenible debe ser un proceso inclusivo que esté estrictamente liderado por los propios venezolanos.
Finalmente, el grupo de los seis ha hecho un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que América Latina y el Caribe recuperen su estatus de “zona de paz”, apelando a la unidad regional por encima de las lógicas diferencias políticas de cada ejecutivo. En su cierre, el documento exhorta formalmente al Secretario General de las Naciones Unidas y a los mecanismos multilaterales para que utilicen sus “buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”. Esta petición busca frenar la escalada bélica en un momento en que la incertidumbre sobre la administración de Delcy Rodríguez y el juicio a Maduro mantienen al mundo en vilo.
Postura de Sánchez
Cabe recordar que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dejó clara su postura el sábado un su cuenta de X: «España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo«. «Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada».
