La Generalitat Valenciana mantiene su ofensiva política contra el Gobierno central para exigir una reforma inmediata del modelo de financiación que asfixia a la autonomía. En una entrevista concedida al programa El Intercafé, el portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha denunciado que la Comunitat Valenciana arrastra una infrafinanciación estructural de cerca de 2.000 millones de euros anuales. Para el Ejecutivo autonómico, el sistema actual está «desfasado» y responde a intereses políticos heredados de la etapa de Zapatero que, según el conseller, favorecieron deliberadamente a otros territorios como Cataluña en detrimento de los intereses valencianos. “Zapatero impulsó un sistema que favorecía a Cataluña”, y ha criticado también la falta de presión de antiguos socios de gobierno. “Con socios como Compromís, que ha estado ocho años sin apretar por los intereses de la Comunitat Valenciana, se ha perdido una oportunidad”, ha apuntado.
Barrachina ha sido tajante al reclamar «justicia e igualdad de trato» para un territorio que, a pesar de este déficit de recursos, lidera los récords de crecimiento en población, empleo, autónomos y turismo. Desde el Consell se rechazan frontalmente lo que definen como «parches pactados con el separatismo», argumentando que la fortaleza económica de la región es lo único que permite «sobrellevar una situación de injusticia» que el Estado se niega a corregir de forma global. Para Barrachina, «el crecimiento valenciano tocará techo si la financiación no es igualitaria».
La estrategia de la Generalitat para compensar esta falta de ingresos del Estado se ha centrado en una profunda reestructuración tributaria y administrativa. Barrachina ha defendido que su gabinete está logrando «desmantelar el infierno fiscal socialista» mediante la eliminación del impuesto de sucesiones y la reducción del IRPF para las rentas más necesitadas. Además, ha destacado las rebajas en impuestos patrimoniales diseñadas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, una política que, según afirma el portavoz, se está ejecutando sin recortar servicios básicos. Al contrario, el conseller ha subrayado que se han incorporado 5.000 profesores y 1.009 sanitarios adicionales al sistema público valenciano.
En el plano administrativo, los objetivos prioritarios para este 2026 pasan por profundizar en la simplificación de la burocracia y asegurar la actualización de las cuentas públicas. Aunque el presupuesto actual entró en vigor en junio de 2025, el Consell aspira a negociar nuevas partidas cuanto antes para adaptarse a los retos sociales y económicos de la legislatura. No obstante, Barrachina reconoce que el actual escenario político nacional, «marcadamente electoral» en diversas comunidades, dificulta los consensos necesarios, aunque mantiene su compromiso de acudir a cualquier mesa de negociación que defienda los intereses de los contribuyentes valencianos. Barrachina ha señalado que “los objetivos prioritarios son simplificar la administración, rebajar los impuestos y tener unos presupuestos actualizados.
Finalmente, el portavoz ha insistido en que la Comunitat Valenciana no puede seguir siendo el territorio peor financiado de España mientras mantiene su pujanza como motor económico del país. El Ejecutivo autonómico considera que la estabilidad lograda a través de la reducción de impuestos y la eficiencia en el gasto es el camino correcto, pero advierte de que el crecimiento llegará a su techo si no se aborda de una vez por todas un sistema de financiación basado en la igualdad. «No aceptamos ayudas para conseguir votos, exigimos lo que nos corresponde por derecho», ha concluido Barrachina en referencia a los recientes acuerdos bilaterales entre el Estado y el separatismo.
