El Gobierno de Venezuela ha activado una estructura de mando reforzada y una ofensiva diplomática internacional tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En una serie de decisiones de urgencia tomadas desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha decretado el estado de conmoción exterior y ha procedido a blindar el entorno presidencial con el nombramiento de figuras clave del sector de la inteligencia. Estas medidas buscan proyectar una imagen de control institucional absoluto y «paz social» frente a lo que el Ejecutivo califica como un secuestro ilegal por parte de fuerzas estadounidenses, asegurando que la continuidad del mando está garantizada bajo el amparo del Tribunal Supremo de Justicia.
La prioridad inmediata de la nueva administración se ha centrado en la creación de la Comisión de Alto Nivel para la Liberación del Presidente y la Primera Combatiente (la esposa de Maduro, según la terminología del comunicado de Caracas). Este organismo, que cuenta con una marcada proyección internacional, está presidido por el diputado Jorge Rodríguez y cuenta con la participación del canciller Iván Gil y la defensora de derechos humanos Camila Fabri. Su objetivo principal será denunciar el atropello a la soberanía venezolana ante los organismos multilaterales y coordinar las acciones legales y diplomáticas necesarias para obtener la fe de vida y la entrega de Maduro, a quien el chavismo sigue reconociendo como el líder legítimo de la nación.
En el ámbito de la seguridad nacional, el Ejecutivo ha dado un paso estratégico al designar al general en jefe Gustavo Enrique González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial. González López, quien ya fuera director del SEBIN en dos etapas y ministro de Interior y Justicia, asume la protección de la jefatura del Estado con plenas competencias legales. Su nombramiento se interpreta como un movimiento para cohesionar la inteligencia y la defensa en un momento de alta vulnerabilidad, aprovechando su dilatada experiencia en la planificación de seguridad y control de infraestructuras críticas como el Metro de Caracas.
Paralelamente, el Consejo de Ministros número 757 ha puesto en marcha la Comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Industrial y Comunal. Ante el riesgo de desestabilización que pueda derivarse del estado de conmoción, esta célula gubernamental tiene el mandato de garantizar la soberanía alimentaria y el abastecimiento en todo el territorio. El vicepresidente de Comunicación, Freddy Ñáñez, ha defendido la solidez del sistema económico actual, recordando que el país cerró 2025 con un índice de abastecimiento cercano al 100% y una proyección de crecimiento del 6%, datos que el Ejecutivo esgrime para transmitir tranquilidad a la ciudadanía y evitar escenarios de desabastecimiento o pánico.
El balance oficial ofrecido por el Gobierno subraya que, pese a la gravedad de los acontecimientos, Venezuela se encuentra «bajo protección institucional» y en «absoluta paz». Ñáñez ha hecho un llamamiento a la calma, destacando la efectividad del programa 1×10 del Buen Gobierno como herramienta de participación popular y consenso nacional. Con el respaldo de las fuerzas militares y una estructura de mando renovada, la presidenta encargada ha enfatizado que la prioridad es la defensa de la patria y la restitución de la legalidad internacional, reafirmando que el pueblo venezolano no se rendirá ante injerencias externas mientras espera el retorno de sus líderes capturados.
Imagen: Juramento de González López. Cortesía página web Gobierno de Venezuela.
