El Pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado en sesión extraordinaria el inicio de los trámites para la resolución del actual contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, poda y voluminosos, que fue adjudicado a la empresa Garbialdi S.A, por un periodo de 14 años, el pasado 8 de septiembre y que se hizo efectivo el 1 de diciembre.
La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem y la abstención del Partido Popular y Vox.
En la sesión plenaria se ha ratificado la penalidad impuesta al contratista por incumplimiento de la adscripción de medios personales y materiales comprometidos desde el inicio del contrato que asciende a 143.539 euros, correspondiente al 1% del contrato. Esta sanción grave, basada en los informes jurídicos y técnicos realizados por la consultora especializada Auditesa S.L, fue llevada a pleno el pasado 23 de diciembre, fecha en la que se le dio a Garbialdi S.A un trámite de audiencia de 5 días.
La empresa presenta alegaciones
La empresa adjudicataria ha presentado alegaciones a esta resolución que serán estudiadas por los técnicos. De igual forma la empresa dispondrá de un periodo de 10 días desde la notificación del pleno extraordinario realizado esta mañana para alegar lo que considere oportuno.
No obstante, el órgano de contratación ya dispone de los argumentos necesarios que avalan el incumplimiento contractual alegado que, desde su inicio, “ha sido deficiente tanto en medios técnicos como humanos, no se han ejecutado las rutas en su totalidad, persisten los contenedores llenos y con desbordes, no se realizan la limpieza de vertederos incontrolados ni se está llevando a cabo la recogida de enseres y voluminosos”, según recogen los informes.
En el pleno celebrado hoy también se ha desestimado la sucesión del contratista mediante la absorción de la empresa Garbialdi, S.A por la mercantil ISS Facility Services, S.A.O, ya que se presume pudiera existir “riesgo de la elusión de responsabilidades”.
Declaraciones de Robert Raga
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga ha destacado la ‘transparencia absoluta’ con la que fue adjudicado el presente contrato y matiza, “fue evaluado en la mesa de contratación formada por técnicos y posteriormente fue llevado a la comisión de contratación que integran los diferentes grupos políticos que conforman la coorporación municipal, antes de llevarse a su aprobación por el Pleno”.
Raga ha lamentado el grave perjuicio provocado a la ciudadanía, “hemos adjudicado un contrato de emergencia a la empresa que consiguió la segunda mejor puntuación en el pliego para poder devolver la normalidad al municipio y resarcir los daños ocasionados a la imagen de Riba-roja de Túria” y subraya “vamos a actuar con toda la contundencia legal para proteger los derechos de contribuyentes, reclamando a la empresa daños y perjuicios”.
La empresa Fomento de Contratas y Construcciones (FCC), a través de un contrato de emergencia, se encarga desde el pasado 4 de enero de complementar el actual servicio de recogida de residuos, para paliar las deficiencias detectadas y que tengan un menor impacto a la ciudadanía. Mientras la empresa Garbialdi S.A, contratista y responsable del servicio, deberá seguir prestando el mismo hasta la adjudicación del nuevo contrato.
El alcalde ha reiterado su preocupación por la situación de los trabajadores, “estamos a su lado y pendientes de su futuro”.
Los servicios técnicos y jurídicos municipales trabaja en la liquidación económica del contrato parar evitar posibles costes que pudieran derivarse de la judicialización del contrato.
La adjudicación por 17,3 millones de euros a la empresa vasca sorprendió al imponerse a empresas con una fuerte presencia en esta actividad en la provincia de Valencia como la propia FCC, Urbaser y SAV.
