La búsqueda de la verdad sobre lo que ocurrió en las horas críticas del 29 de octubre de 2024 ha entrado en una fase de precisión casi quirúrgica. A medida que la instrucción avanza, el foco judicial ya no se centra solo en las grandes decisiones políticas tomadas en los despachos, sino en los ojos y oídos que estaban sobre el terreno cuando el agua empezó a desbordarse. La justicia intenta reconstruir ahora un mapa humano de vigilancia: quién estaba en cada barranco, qué vio cada guarda fluvial y por qué ciertos mensajes de alerta parecen no coincidir con los registros oficiales de presencia física en las salas de mando.
Este rastreo de responsabilidades busca llenar los vacíos de una tarde donde la comunicación entre organismos pareció colapsar mientras el río Magro y el barranco del Poyo se transformaban en amenazas letales. La investigación penal, que trata de esclarecer las circunstancias de las 230 muertes ocurridas en la provincia de Valencia, ha puesto sus miras en la cadena de mando técnica, exigiendo identificaciones personales y horarios exactos de aquellos que tenían la misión constitucional de vigilar el dominio público hidráulico.
La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Catarroja ha dictado una providencia clave en la que acepta la petición de la Fiscalía para que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) identifique nominalmente a los agentes o guardas fluviales que trabajaron aquel día. No es una tarea menor: la CHJ gestiona un territorio de más de 42.000 kilómetros cuadrados dividido en una compleja red de zonas, subzonas y 41 sectores. La magistrada exige saber exactamente qué municipios y qué cauces específicos vigilaba cada uno de los 50 agentes que estaban en activo durante la catástrofe, antes de decidir a quiénes llamará a declarar como testigos.
La ofensiva judicial se extiende también a los servicios de emergencia autonómicos. La jueza ha dado un plazo de tres días al Consorcio Provincial de Bomberos y a la Conselleria de Medio Ambiente para que identifiquen a los bomberos forestales de las unidades de Alzira y Buñol que realizaron funciones de seguimiento en el puente de Carlet y en el área de Torrent, Picanya y Paiporta. Asimismo, se ha solicitado el registro completo de los agentes medioambientales de la Generalitat que trabajaron esa jornada, con sus ubicaciones exactas y turnos horarios, buscando cruzar esos datos con la evolución real de la riada.
Uno de los puntos más críticos de esta nueva fase de la investigación es la citación de un técnico clave en el envío del mensaje de Es-Alert a la población. La magistrada ha detectado una contradicción directa: mientras el técnico declaró en mayo de 2025 que entró a trabajar a las 14:30 y salió de madrugada, el registro oficial de firmas de la Sala de Mando y Control del CCE indica que abandonó su puesto a las 20:12 horas. Este nuevo interrogatorio pretende aclarar si hubo relevos o ausencias en los momentos de máxima tensión, cuando se decidió finalmente avisar a los ciudadanos que ya se encontraban, en muchos casos, atrapados por el agua.
