El nuevo modelo de financiación autonómica inyectará 20.975 millones de euros adicionales en 2027, según la propuesta presentada hoy por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El proyecto estima que los recursos totales alcanzarán los 224.507 millones de euros, superando ampliamente los 152.484 millones liquidados en 2023. Una de las novedades más destacadas es que la adhesión será voluntaria, permitiendo a las comunidades elegir entre este sistema o el de 2009: «La inclusión de una comunidad en este modelo será voluntaria; si un territorio prefiere continuar con los cálculos del que ya está vigente, se adaptará el sistema para que continúe siendo así, renunciando al incremento de recursos». El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana afirma que la propuesta es un «chantaje».
La reforma pivota sobre una profunda actualización de la «población ajustada» para determinar el coste real de los servicios. Hacienda propone que la sanidad suponga el 38% de la ponderación, desglosada en 20 grupos de edad para ganar fiabilidad, mientras que el padrón representa el 30%. En educación (17%), se introducen variables para jóvenes de 18 a 24 años y alumnos universitarios desplazados (3,5%), reconociendo el coste de acogida. Los servicios sociales (7%) se dividen en dos tramos (65-79 años y mayores de 80) e incluyen el número de parados sin prestación (1,5%) como indicador de pobreza. Además, se añaden variables de superficie (1,6%), dispersión (0,5%), insularidad (0,5%) y «costes fijos» (0,4%) para regiones con baja densidad poblacional.
Autonomía y solidaridad fiscal son los pilares que permitirán incrementar la capacidad tributaria en 16.000 millones de euros. El modelo eleva la cesión del IRPF al 55% y la del IVA al 56,5%, e incorpora Patrimonio, depósitos bancarios, juego y residuos a la cesta autonómica. Se crea el «Mecanismo IVA Pymes», por el cual las regiones podrán recibir una transferencia positiva si el IVA liquidado por sus pymes supera el índice de consumo. Montero también ha propuesto un sistema de «caja compartida» para que los ingresos tributarios lleguen simultáneamente a ambas administraciones, agilizando los pagos y eliminando el desfase de dos años en las liquidaciones definitivas que rige actualmente.
Nivelación horizontal
El diseño garantiza la equidad mediante una nivelación horizontal que asegura que todos los territorios alcancen el 75% de la media de recursos, y una nivelación vertical dotada con 19.000 millones estatales. Este último fondo busca reducir en dos tercios la distancia de cada autonomía respecto a Madrid, la región con más recursos. Montero subrayó que el sistema «beneficia a todas las CCAA» y otorga «suficiencia financiera para blindar el Estado de Bienestar», garantizando que los territorios con mayor capacidad aporten mientras los de menos ingresos actúan como receptores netos, reduciendo la brecha por habitante de 1.500 a 477 euros antes de aplicarse el statu quo.
Desafío climático y compensación completan la propuesta con un fondo de 1.000 millones de euros, del cual «dos tercios se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo» por su mayor exposición al calentamiento del mar. Para las regiones que necesiten refuerzo, se habilitará un tramo de 3.300 millones en el Fondo de Compensación Interterritorial. Asimismo, el Ejecutivo garantiza el «statu quo» con 400 millones para asegurar que ninguna comunidad, con especial mención a Cantabria y Extremadura, reciba menos que con el sistema anterior. Existe además un mecanismo complementario opcional para financiar competencias no homogéneas a través de una mayor cesión de IVA o mediante transferencias evolucionadas (ITE).
La ministra ha negado que el modelo sea fruto de pactos bilaterales, recordando que se tramitará como Ley Orgánica tras una fase de reuniones técnicas inmediatas con cada gobierno autonómico para «escuchar y negociar». Durante su exposición, Montero tendió la mano al Partido Popular para vincular la financiación a la construcción de vivienda pública, sanidad y educación. «Queda garantizada la solidaridad interterritorial», reiteró la vicepresidenta, quien defendió que la propuesta ofrece flexibilidad y transparencia, permitiendo incluso recibir la recaudación del IVA de pymes bajo solicitud previa, reforzando así la corresponsabilidad fiscal y la adaptación a las nuevas realidades demográficas.
Imagen: Montero, con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (M. Hacienda).
