El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo marco normativo para unificar la respuesta nacional ante la creciente amenaza de los grandes incendios forestales, cada vez más complejos debido a la crisis climática. El Ejecutivo aprobó esta semana en Consejo de Ministros un Real Decreto para blindar la coordinación y seguridad en la extinción de incendios que permitirá que todas las administraciones operen bajo criterios técnicos comunes, evitando las brechas operativas detectadas en campañas anteriores. A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), esta norma busca que los dispositivos de las comunidades autónomas y el Estado funcionen como una sola maquinaria en situaciones de emergencia extrema.
La nueva regulación responde a la necesidad de interoperabilidad en un contexto de incendios más rápidos y extensos que superan a menudo las fronteras administrativas. Para lograrlo, el Real Decreto establece una calificación homogénea de todas las unidades de extinción, lo que permitirá identificar capacidades de forma idéntica en cualquier punto del país. Este sistema se complementa con una armonización de las comunicaciones mediante indicativos de radio unívocos y una simbología común para la cartografía operativa, eliminando posibles errores de interpretación en la toma de decisiones críticas durante las tareas de mando y control.
El despliegue de medios aéreos, uno de los puntos más sensibles de la extinción por su alto riesgo, contará a partir de ahora con un protocolo común que unifica los criterios técnicos de operación. Esta medida no solo persigue una mayor eficiencia en las descargas de agua, sino que pone el foco en la seguridad de las tripulaciones y del personal de tierra. De igual modo, la norma garantiza que todos los efectivos intervinientes cuenten con estándares mínimos de seguridad y Equipos de Protección Individual (EPI) ajustados a la normativa de prevención de riesgos laborales, independientemente de la administración para la que trabajen.
Esta estructura técnica se integra en la Ley de Montes y ha sido fruto del consenso en el Comité de Lucha contra Incendios Forestales, donde han participado técnicos de todas las comunidades autónomas. El objetivo final es consolidar un sistema nacional de gestión de emergencias que sea capaz de anticiparse al fuego mediante una prevención coordinada y una protección más robusta de los ecosistemas y la ciudadanía. Con este paso, España refuerza su capacidad de respuesta ante fenómenos extremos, garantizando que la cooperación institucional prevalezca sobre el tradicional reparto competencial en los momentos de mayor peligro ambiental.
Imagen: La vicepresidenta Sara Aagesen durante una visita al Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales en septiembre.
