Otra vez tractores en el centro de la ciudad de Valencia. La anterior ‘tractorada’ fue el 30 de diciembre. Otra vez los agricultores y ganaderos claman al cielo contra acuerdos comerciales y normativas europeas que les perjudican. Paciencia y empatía. Hablamos de una de las movilizaciones más multitudinarias acontecidas en el ‘superjueves’ del campo español, con una treintena de protestas en toda España contra las políticas agrarias de la Unión Europea. Más de 2.000 agricultores y 200 tractores asistieron desde diferentes comarcas a una manifestación convocada por las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana -la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV)-, con el apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana y otras entidades sociales y empresariales, en la que el conjunto del sector agrario rechazó los acuerdos comerciales sin reciprocidad -como el tratado de Mercosur- y las políticas que está llevando a cabo la Unión Europea y reclamaron “un futuro digno para el campo y la soberanía alimentaria”. En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido con las principales organizaciones agrarias regionales, para conocer la postura tras el acuerdo de la UE con el Mercosur.
Dos caravanas de tractores llegaron a la capital del Turia desde La Ribera Baixa (la ruta tuvo paradas en Cullera, Sueca, Sollana, El Romaní, Silla y Sedaví) y L’Horta Sud (con punto de concentración en Meliana y atravesando Almàssera y Tavernes Blanques). Tanto los tractores como las personas confluyeron enfrente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en la avenida Blasco Ibáñez, provocando problemas de tráfico en algunas de las principales entradas y vías de la ciudad.
Los dirigentes agrarios exigieron ante la CHJ, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, el pago de una indemnización justa y suficiente para compensar la usurpación de la propiedad de aquellas parcelas arrasadas por la dana que van a pasar a Dominio Público Hidráulico (DPH). También exigieron más recursos hídricos para garantizar una producción estable y de calidad, agilizar las obras de reconstrucción y poner en marcha las infraestructuras hidráulicas que esta riada ha evidenciado que son necesarias.
Durante el recorrido, el sector escenificó con disfraces y pancartas los productos agrarios valencianos castigados por la competencia desleal del acuerdo con Mercosur: naranjas que criticaron “el zumo de Brasil recién exprimido desde 8.000 kilómetros”, paquetes de arroz que denunciaron “las materias fitosanitarias que están prohibidas en la Albufera pero sí se permiten a los arroces de Uruguay”, vacas europeas en contraposición con “vacas hormonadas de Argentina” y apicultores que alertaron de la entrada sin arancel de “mieles de menor calidad y bajo coste”.
En las Torres de Serranos, un agricultor, Gabriel Matos, presidente de la comunidad de regantes del río Alcoy, pronunció en nombre del sector un discurso recreando la figura del Palleter “para declarar la guerra a la Comisión Europea, por atacar a los agricultores, imponer un Pacto Verde de espaldas al campo y poner en peligro nuestra soberanía alimentaria”.
Delegación de Gobierno
La marcha finalizó a las puertas de la Delegación del Gobierno, donde los dirigentes de CCPV-COAG, UPA-PV, LA UNIÓ y AVA-ASAJA lanzaron productos agrarios en crisis y dirigieron discursos contra los acuerdos comerciales de la Unión Europea firmados sin reciprocidad, los recortes de la Política Agrícola Común (PAC), el exceso de burocracia y las políticas que amenazan el futuro del campo y de la alimentación europea.
En primer lugar, rechazaron la propuesta actual del acuerdo comercial de la UE con el Mercosur, exigiendo un estudio de impacto sobre el sector agrario objetivo y creíble, reciprocidad, cláusulas de salvaguarda verdaderamente eficaces y complementariedad con la producción europea. En la misma línea, solicitaron revisar todos los acuerdos vigentes y futuros con terceros países, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica.
El sector también se opuso a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y la PAC post-2027, que contempla la integración de la PAC en un fondo único, desmantelando su especificidad histórica; un recorte del 22% del presupuesto; la eliminación de los dos pilares tradicionales de la PAC; un aumento de la complejidad administrativa; y la tendencia a una renacionalización de los fondos.
Otra reivindicación reiterada fue la simplificación, seguridad jurídica y la puesta en marcha de regulaciones más adaptadas a la realidad agraria que no impliquen una pérdida de competitividad; la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación; y reorientar las políticas del Gobierno español priorizando la agricultura sobre las normativas medioambientales, siempre basadas en criterios científicos. Al respecto, pidieron reemplazar la Ley de Restauración de la Naturaleza, que establece más limitaciones a la actividad, por una Ley de Restauración de la Agricultura.
Entre las medidas solicitadas igualmente destacaron intensificar y armonizar los controles fitosanitarios de plagas y enfermedades en los puertos de entrada, inspecciones en origen, extensión y rigurosidad del tratamiento en frío y, en caso de excesivos incumplimientos, la suspensión de las exportaciones a la UE; una nueva política hidrológica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, así como un redimensionamiento de los caudales ecológicos y una apuesta por la reutilización de las aguas depuradas; mejorar los seguros agrarios para cubrir todos los riesgos de clima y fauna salvaje; e impulsar las autorizaciones excepcionales de fitosanitarios que no cuentan con alternativas eficaces en la lucha contra plagas y enfermedades vegetales.
Finalmente, las organizaciones agrarias coincidieron en pedir una Ley Emergencia por daños de fauna salvaje; adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias; actualizar los módulos del IRPF agrario; y revisar el Código Penal y aumentar los recursos para mejorar la lucha contra los robos.
Imágenes: AVA-ASAJA.
