El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes en la Reunión Anual del World Governments Summit una “magnífica evolución” de la economía española y ha anunciado un ambicioso paquete de medidas para reforzar la soberanía digital y regular de forma más estricta a las grandes plataformas tecnológicas, a las que ha llegado a calificar como “un Estado fallido”.
Durante su intervención, Sánchez ha destacado que España creció en 2025 “casi el doble que la zona euro” y que ha concentrado cerca de la mitad del nuevo empleo creado en la Unión Europea, datos que, a su juicio, consolidan al país como uno de los principales polos de atracción de inversión en el continente. En este contexto, ha presentado el nuevo fondo soberano España Crece, con el objetivo de movilizar hasta 120.000 millones de euros de inversión pública y privada en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, las energías limpias o la computación cuántica.
El jefe del Ejecutivo ha subrayado que medios internacionales como Financial Times, The Economist, CNN o Bloomberghan puesto en valor el modelo español, basado —según ha explicado— en la combinación de crecimiento económico, reducción de emisiones, apertura exterior y diversificación de socios internacionales. Un modelo que, ha asegurado, permite “mirar hacia fuera” y encontrar oportunidades en nuevas regiones del mundo.
Uno de los ejes centrales de su discurso ha sido la gobernanza digital. Sánchez ha advertido de que se trata de un desafío global que ningún país puede afrontar en solitario y ha alertado de que el espacio virtual está erosionando los fundamentos que sostienen la convivencia democrática. En ese marco, ha sido especialmente crítico con las redes sociales, a las que ha descrito como un entorno sin ley, donde la desinformación se impone a la verdad, los algoritmos distorsionan el debate público y los datos personales se mercantilizan. Ha citado, entre otros ejemplos, acusaciones contra Instagram por el supuesto espionaje a usuarios de Android o el uso de Facebook en campañas masivas de desinformación durante procesos electorales.
Ante esta situación, Sánchez ha reclamado “recuperar el control” y ha anunciado que España adoptará medidas legislativas a partir de la próxima semana. Entre ellas, ha avanzado que los ejecutivos de las plataformas digitales serán legalmente responsables, que la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales se tipificarán como delito penal y que se implantará una “huella de odio y polarización” para medir cómo las redes amplifican discursos nocivos. Además, el Gobierno prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años, obligando a las plataformas a establecer sistemas efectivos de verificación de edad, y trabajará con la Fiscalía para investigar y perseguir posibles delitos cometidos por servicios como Grok, TikTok e Instagram.
El presidente ha defendido estas iniciativas como una apuesta firme por la soberanía digital frente a “cualquier coerción extranjera”, aunque ha reconocido que España no puede librar esta batalla en solitario. Por ello, ha anunciado la creación de una coalición con otros cinco países europeos, la denominada “coalición de los digitalmente dispuestos”, que celebrará su primera reunión en los próximos días con el objetivo de impulsar una regulación más rápida y eficaz de las redes sociales.
Sánchez ha cerrado su intervención alertando de la “convergencia de dos fracasos”: un espacio digital sin responsabilidades que debilita a las sociedades desde dentro y un orden global sometido a una fuerte presión externa. Frente a ello, ha llamado a elegir “gobernanza frente a resignación, cooperación frente a fragmentación y responsabilidad frente al silencio”.
