Se acabó pagar 600 euros por un vuelo de Sevilla a Madrid en caso de catástrofe o avería del tren. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que se garantiza la accesibilidad equitativa de bienes y servicios en situaciones de emergencias. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado que el objetivo de la norma es impedir que se produzcan incrementos desproporcionados o abusivos de los precios en situaciones de emergencia, como los denunciados tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba). «Introducimos un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad de la ciudadanía», ha dicho.
La norma establece que cuando se declare una situación de emergencia, el precio de los bienes y servicios no podrá superar al precio máximo que hayan tenido en los 30 días anteriores a la situación sobrevenida.
Además, El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado que es una norma que moderniza el sistema eléctrico e impulsa su transformación hacia un modelo más eficiente y sostenible. La medida refuerza la protección del consumidor, en especial del más vulnerable; fomenta y avanza en la democratización de la energía y sigue apostando por la transición energética.
La norma, ha añadido la ministra, pretende garantizar un acceso justo y transparente a la energía y reequilibrar la balanza entre el consumidor y las comercializadoras eléctricas, así como evitar las prácticas abusivas y las ofertas poco transparentes.
Fin de las llamadas no deseadas
Sara Aagesen ha señalado que el real decreto prohíbe las llamadas telefónicas no deseadas de las comercializadoras a los hogares para hacer publicidad u ofertar contratos, salvo con el consentimiento y solicitud expresa del consumidor. Además, las llamadas serán grabadas y estarán disponibles para el cliente.
En caso de contratación, las comercializadoras tendrán que remitir al cliente las condiciones contractuales de forma clara y sencilla y con tiempo suficiente para que este valore cuáles son las alternativas y elija qué modalidad de contrato se ajusta mejor a sus necesidades. Por otra parte, se pone fin a las penalizaciones y permanencias abusivas para los hogares, que quedarán acotadas a supuestos concretos.
La ministra ha detallado que la noma también protege a los consumidores en la refacturación. Si es a favor del consumidor, las cantidades tendrán que devolverse con intereses en la siguiente factura. Si es a favor de la empresa comercializadora, se hará una prorrata entre los meses donde ha habido retraso de la facturación y con un tope máximo de refacturación de un año.
Las reclamaciones se podrán hacer por escrito a través de todos los canales. Y la interrupción de los suministros no se podrá hacer ni en víspera de festivos, festivos o días en los que no estén disponibles los servicios de atención al cliente.
Protección a los consumidores más vulnerables
La ministra ha subrayado que se refuerza la protección a los consumidores más vulnerables que el Gobierno viene desplegando desde el principio (bono social eléctrico y térmico). Así, se declara una nueva categoría de suministro esencial que no se puede interrumpir en ninguna circunstancia: los hogares con personas electrodependientes. Además, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán prohibir la interrupción de suministro a los hogares acogidos al bono social que incurran en impago, al declararlos esenciales.
Aagesen ha trasladado que se prohíben expresamente las penalizaciones o permanencias que dificulten el acceso al bono social a los consumidores vulnerables. También se protege a los beneficiarios del bono social para evitar engaños con contratos supuestamente ventajosos: «El comercializador tendrá que informar expresamente al consumidor vulnerable de que el nuevo contrato va a implicar la renuncia al bono social».
La titular para la Transición Ecológica ha explicado que se empodera a los consumidores aumentando la transparencia mediante un ‘datahub’, un único punto donde se aglutina toda la información del sistema eléctrico, gestionado por el operador del sistema Red Eléctrica, que permitirá que cualquier usuario pueda acceder a la información tanto de consumo como de generación.
Para mejorar la democratización del sistema, se establecen los derechos, obligaciones y requisitos del agregador de demanda. Los consumidores podrán contratar los servicios de un agregador para que gestione su demanda de electricidad y conseguir un ahorro en su factura o algún otro tipo de contraprestación, con independencia de que mantengan un contrato con un comercializador para su abastecimiento.
Imagen: El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez.
