El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que, en la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa “se incluirá una enmienda a la normativa actual que va a reforzar los controles en el reparto de Viviendas de Protección Pública que garantice su correcta adjudicación y uso”.
Esta modificación fortalecerá la publicidad, transparencia y los controles y, atendiendo la petición de los alcaldes, incluirá el arraigo de los solicitantes como criterio de baremación para acceder al inmueble, es decir, se dará prioridad a los vecinos para acceder a una casa de protección pública en su municipio.
El jefe del Consell ha señalado que, cuando la vivienda se convierte en la mayor preocupación de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, “es una obligación moral y política actuar con determinación, firmeza, responsabilidad y realismo para garantizar estabilidad, arraigo e igualdad de oportunidades para todos los vecinos de la Comunitat Valenciana”.
En este sentido, ha destacado las iniciativas llevadas a cabo por la Generalitat como el Plan Vive, las ayudas al alquiler, el Bono Joven o las subvenciones a ayuntamientos y particulares en el marco de los programas de Regeneración Urbana y Rehabilitación.
Para ello, se están destinando más de 304 millones de euros dentro de los Presupuestos de la Generalitat que actualmente se encuentran en vigor que permiten mantener las líneas sociales que garantizan la protección de los más vulnerables y aumentan los mecanismos de ayuda para acceder a una casa a los colectivos especialmente afectados por la situación del mercado inmobiliario.
Para Pérez Llorca, el Plan Vive “es un ejemplo de colaboración público-privada” al tiempo que ha señalado que “debemos desarrollar una política útil y real cuyos resultados se vean a futuro”. Un proyecto al que se han sumado 319 ayuntamientos y gracias al que se han impulsado más de 4.800 viviendas de protección pública.
En el marco de esta iniciativa, Castelló de la Plana se adhirió en 7 de junio de 2024 y fruto de esta colaboración se inicia la construcción de 123 viviendas de protección pública de las cuales 21 se incorporarán al Parque Público que gestiona la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.
El jefe del Consell ha puesto en valor que “estamos desarrollando una política integral compuesta por acciones en materia fiscal, normativa y simplificación administrativa que garantice la seguridad jurídica y actúe como incentivo”.
