Dialogar y rebajar tensiones. La Generalitat Valenciana ha convocado una mesa de negociación de urgencia para frenar el conflicto entre el taxi y las VTC. Se trata de una medida anunciada por el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, tras dos jornadas de protestas que han tensionado la movilidad en Valencia. El Ejecutivo autonómico reunirá a ambas partes la próxima semana con el objetivo de encontrar una solución de «cohabitación razonable» que garantice el mejor servicio posible a la ciudadanía.
No obstante, el conseller ha lanzado un aviso directo a las plataformas y profesionales: si no se alcanza un punto de encuentro que satisfaga a todos los actores, será el propio Consell quien tome de forma unilateral las «decisiones oportunas» para cerrar el nuevo decreto de movilidad. El anuncio llega después de que los dos sectores hayan tomado las calles para defender sus intereses contrapuestos ante la futura regulación.
Mientras el taxi exige frenar el «intrusismo» y blindar un modelo con tarifas reguladas, las VTC han advertido este mismo jueves de que un decreto restrictivo supondría la pérdida de miles de empleos y el cierre de cientos de empresas en la Comunitat Valenciana. Pese a reconocer la legitimidad de las reivindicaciones, Martínez Mus ha cuestionado la idoneidad de las huelgas y bloqueos, señalando que «no es la mejor manera de ganarse a la población» y apelando a la responsabilidad de ambos colectivos para no perjudicar la percepción social de sus servicios.
La tensión entre ambos modelos de transporte se ha recrudecido en pleno proceso de redacción de la nueva normativa autonómica, provocando estrategias de presión muy distintas. Por un lado, las asociaciones del taxi amenazan con extender sus paros durante todo el mes de marzo si no se protege su exclusividad en el ámbito urbano; por otro, las patronales de VTC han iniciado una campaña informativa en sus vehículos para alertar a los usuarios de los «graves efectos» que, a su juicio, tendría su desaparición. Con la convocatoria de esta mesa sectorial, la Generalitat busca rebajar la crispación y evitar que el conflicto se enquiste en un calendario de movilizaciones que afecte a la actividad económica de la ciudad.
