El abogado Carlos Primo ha realizado un severo análisis sobre la deriva judicial que está tomando la investigación de la gestión de la Dana. El letrado no ha dudado en señalar directamente a la magistrada encargada del caso, advirtiendo de una clara intencionalidad en sus actuaciones procesales.
Según Primo, «la jueza tiene una estrategia de acoso y derribo sobre una persona determinada, que en este caso es Mazón». Aunque el abogado reconoce que el president «no estuvo donde podía estar», matiza que su ausencia «no tuvo incidencia en las decisiones» operativas tomadas aquel día.
El jurista ha cargado contra lo que considera una visión sesgada de la justicia, donde se focaliza la culpa en un único actor político. «La administración general del Estado también tiene ciertas responsabilidades y la jueza pretende ser la jueza del pueblo imputando solo a una persona», ha aseverado Primo. Ahora, el foco se traslada a la siguiente instancia, ya que «la audiencia provincial deberá ratificar y cómo se pronuncia sobre su posible imputación».
Más allá de lo judicial, Primo ha lamentado el fracaso estructural del sistema autonómico y nacional. «No ha habido una colaboración entre administraciones públicas nunca», ha sentenciado, añadiendo que en un momento crítico como la riada, donde «se requería una mayor agilidad», quedó demostrado que «no había una coordinación para tomar decisiones con rapidez».
En un plano geopolítico, Carlos Primo también ha expresado su preocupación por la inestabilidad global y el papel de Estados Unidos. «La situación es preocupante porque va a tener una repercusión inmediata en los regímenes afectados», ha indicado.
El abogado ha advertido sobre las dinámicas de la nueva administración norteamericana, señalando que «Trump no puede ir destruyendo sistemas políticos nacionales a su antojo cuando deberían ser los propios ciudadanos quien tome la decisión». Ante este escenario, pronostica una reacción de las «potencias mundiales que se pondrán mucho más firmes» para defender su soberanía.
