La dirección federal del PSOE ha decidido este viernes la expulsión fulminante de Toni González, alcalde de Almussafes, quien se encontraba expedientado tras las denuncias por presunto acoso sexual y laboral presentadas por dos mujeres del partido. La organización justifica esta drástica medida al considerar que el edil ha incurrido en una «revictimización» constante de las denunciantes a través de sus manifestaciones en diversos medios de comunicación. Según fuentes socialistas, González habría revelado datos de carácter personal que permiten identificar a las víctimas, un comportamiento que el partido tilda de «intolerable» y frontalmente opuesto a sus valores de igualdad.
El conflicto, que ha provocado una profunda fractura en la agrupación local, escaló cuando el alcalde inició un proceso penal contra la primera mujer que le acusó, quien además fue despedida recientemente de la empresa pública municipal Emspa. En entrevistas recientes, González ha negado reiteradamente los hechos, calificando la segunda denuncia como «falsa» y fruto de una supuesta conspiración entre amigas. Sus declaraciones, en las que llegó a afirmar que la denunciante le «enseñó los pechos», han sido interpretadas por el partido como una campaña de desprestigio y una actitud propia de un acosador que utiliza su posición de poder para intimidar a sus subordinadas.
Más allá de las acusaciones de acoso, el Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE ya mantenía abierto un expediente contra González por «amenazas veladas» hacia la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant. El órgano de control también investiga una posible «deslealtad al proyecto socialista», tras haber reconocido el alcalde que mantiene conversaciones con otras formaciones políticas para presentar una alternativa electoral en el municipio. Ante la gravedad de los hechos, Morant ha exigido la dimisión inmediata de González y la entrega de su acta de concejal, procediendo además a la imposición de una gestora en la agrupación de Almussafes.
Testimonios
Las testimonios recogidos en el proceso interno son de una dureza extrema. La segunda denunciante asegura haber sido testigo de comentarios vejatorios de carácter sexual dirigidos a la primera víctima, relacionados con su apariencia y desempeño personal. Desde el PSPV apuntan que, independientemente de la resolución final del órgano interno (el ‘CADE’), el comportamiento público del alcalde es «incompatible con cualquier responsabilidad pública». «Si alguien es capaz de hacer todo eso a la luz de todos, cabe preguntarse qué no sería capaz de hacer en un despacho privado frente a dos subordinadas», señalan fuentes de la formación.
La expulsión de González marca un punto de no retorno en uno de los feudos socialistas de la Ribera Baixa. El partido intenta así blindar su compromiso con la protección de las víctimas y evitar que el escándalo erosione su credibilidad en materia de lucha contra las violencias machistas. Mientras tanto, González se mantiene en el cargo de forma independiente, a la espera de ver si las presiones de la dirección regional surten efecto y abandona la alcaldía, o si decide continuar con su estrategia de defensa judicial y política fuera de las siglas que le llevaron al poder.
La situación en Almussafes queda ahora en manos de la gestora, que tendrá la difícil tarea de recomponer una agrupación local conmocionada por el cruce de acusaciones y el despido de trabajadores municipales en medio de este proceso. El caso se ha convertido en un símbolo de la política de «tolerancia cero» que la nueva dirección de Morant pretende implantar en el socialismo valenciano, enviando un aviso claro a cualquier cargo público que se aleje de los principios éticos y de respeto que rigen la formación.
