El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha lanzado este viernes una dura réplica a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras su reciente visita a la promoción de vivienda pública de Les Naus en Alicante. «Con ministros así el precio de la vivienda se dispara y la oferta se reduce en cientos de miles», ha aseverado Barrachina, señalando directamente a la gestión del Ejecutivo central como responsable del «temor a la ocupación» y de las «limitaciones» que, a su juicio, asfixian a los propietarios y contraen el mercado inmobiliario.
La controversia se ha encendido después de que la ministra Rodríguez instara a la Generalitat Valenciana a recuperar los controles en las adjudicaciones de inmuebles, tras detectarse presuntas irregularidades en la concesión de Viviendas de Protección Pública (VPP) a personal y familiares del Ayuntamiento de Alicante. Ante la exigencia del Ministerio de realizar una auditoría, el portavoz autonómico ha respondido cuestionando la autoridad moral del Gobierno socialista, al que ha acusado de haber perseguido la iniciativa privada mientras, por «desidia», mantenía paralizada la promoción pública.
Barrachina ha aprovechado su comparecencia tras el pleno del Consell para sacar pecho de la gestión del actual Gobierno del Partido Popular, contraponiendo las «cero viviendas públicas promovidas por el anterior ejecutivo de PSOE y Compromís» con las más de 4.000 que, según sus datos, ya ha impulsado la actual administración. El portavoz ha defendido que su gabinete no solo promueve vivienda, sino que también agiliza la inversión privada para revertir la tendencia alcista de los precios en la Comunidad Valenciana.
Mecanismos de control
Respecto a las críticas sobre la falta de fiscalización, el portavoz ha anunciado que ya están reforzando los mecanismos de control que, según sostiene, «no existían con el gobierno anterior». A partir de ahora, para garantizar la limpieza en los procesos de concesión, no bastará con el visado de una única persona para comprobar que un solicitante cumple los requisitos. Las adjudicaciones pasarán por la revisión de un órgano colegiado, buscando una mayor transparencia en el sistema y primando el arraigo de los ciudadanos en las condiciones de acceso.
La guerra dialéctica entre ambas administraciones subraya la profunda brecha en los modelos de vivienda que defienden Madrid y Valencia. Mientras el Ministerio reclama una intervención más estricta en la supervisión de los perfiles beneficiarios, el Consell insiste en que la solución pasa por aumentar la oferta y dar seguridad jurídica a los inversores. Barrachina ha concluido su intervención reafirmando que el compromiso de la Generalitat es doble: construir vivienda pública para los colectivos vulnerables y facilitar que el sector privado pueda operar sin las «trabas» que, según el PP, impone la legislación estatal.
