El Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana ha emitido un informe que supone un importante giro en la causa judicial por la gestión de la dana de octubre de 2024 que causó 230 muertos. A diferencia del criterio de la magistrada instructora, el Ministerio Público no aprecia, por el momento, indicios suficientes para imputar al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. Por este motivo, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que devuelva la exposición razonada al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja para que se continúe con la investigación en la instancia ordinaria.
Según el criterio de la Fiscalía, aunque no se puede descartar que aparezcan nuevos elementos que apunten a una responsabilidad penal del exjefe del Consell, los datos disponibles actualmente no justifican la apertura de una investigación formal ante el alto tribunal. El fiscal superior considera que el procedimiento debe seguir su curso en el juzgado de origen mientras se practican diligencias, se toman declaraciones y se incorporan documentos que aclaren si Mazón dio instrucciones concretas relacionadas con la emergencia aquel día crítico de octubre de 2024.
Este posicionamiento de la Fiscalía se alinea con las decisiones tomadas por el TSJ en 2024 y 2025, cuando el tribunal ya rechazó dos denuncias previas contra el expresident. Uno de los argumentos esgrimidos entonces, y que ahora recobra fuerza, es que la jueza de Catarroja todavía mantiene abierta la instrucción, citando a testigos y solicitando pruebas, lo que hace prematuro el traslado de la causa al alto tribunal.
Pese a haber dejado la Presidencia de la Generalitat, Mazón mantiene su condición de diputado en Les Corts Valencianes. Este aforamiento implica que solo la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV tiene competencia para investigarlo. El tribunal que deberá tomar la decisión definitiva en las próximas semanas está integrado por el presidente Manuel Baeza junto a los magistrados Pía Calderón (ponente), José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres.
En la causa ya figuran como investigados otros altos cargos de la anterior administración, concretamente la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el que fuera su secretario autonómico, Emilio Argüeso. Ambos han solicitado al TSJCV que asuma la causa en su totalidad para proceder a su archivo, sosteniendo que los hechos respondieron a una catástrofe natural imprevisible en su verdadera magnitud.
Las defensas han planteado que, en caso de que el tribunal decida finalmente investigar a Mazón, sea la Sala de lo Civil y Penal la que centralice todo el procedimiento. El objetivo de esta petición es evitar posibles nulidades procesales o resoluciones contradictorias que podrían surgir si la investigación se mantiene fragmentada entre el juzgado de Catarroja y el Tribunal Superior de Justicia. La decisión de la Sala determinará si el proceso contra la cúpula del anterior Consell se eleva definitivamente o si vuelve a la fase de instrucción local para recabar más pruebas.
