Una intensa jornada se vivió hoy en el Ayuntamiento de Valencia con la irrupción de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El operativo se centró en la recopilación de documentación vinculada a contratos gestionados por el concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, durante su etapa al frente de la fundación municipal Valencia Activa.
Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes de la UCO se personaron en las oficinas municipales, específicamente en el área de Intervención, así como en la sede de la propia Valencia Activa. Esta fundación, clave en la gestión de las políticas de empleo del Ayuntamiento gracias al pacto entre PP y Vox suscrito en octubre de 2023, tuvo a Badenas como vicepresidente por delegación de la alcaldesa María José Catalá.
La actuación de la Guardia Civil coincide con la notificación por parte de la Fiscalía Provincial de Valencia de la apertura de diligencias de investigación contra el concejal de Vox por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. La investigación se deriva de una denuncia presentada por el grupo municipal socialista en relación con un contrato de patrocinio supuestamente irregular a la editora de OK Diario por 14.500 euros más IVA, contrato durante cuya entrevista Badenas habría realizado manifestaciones de carácter político contra el Gobierno central.
El portavoz del grupo municipal de Vox, José Gosálbez, manifestó «respeto absoluto» por las actuaciones judiciales y administrativas, apelando a la «presunción de inocencia». Aseguró no tener constancia de irregularidades y afirmó que un informe de asesoría jurídica avala los contratos. Por su parte, el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, expresó respeto por la justicia y confianza en sus socios de gobierno, aunque reconoció posibles diferencias entre partidos. El portavoz socialista, Borja Sanjuan, anunció que su grupo estudiará personarse como acusación particular, señalando que cada expediente revisado de Badenas es «susceptible de ser llevado a Fiscalía».
Respuesta de Badenas y Catalá
Tras la publicación de audios por un medio digital (The Objective) que apuntaban a adjudicaciones irregulares, Vox ya había abierto una investigación interna que culminó con la expulsión cautelar de Badenas y la marcha de otra concejala del partido. Sin ir más lejos, el pasado 4 de abril, la formación ultraconservadora readmitió como afiliados a Badenas y a su pareja sentimental, la también concejal Cecilia Herrero, tras conocerse detalles de la gestión de unos contratos del que fuera vicealcalde.
En sus primeras declaraciones tras el pleno municipal, Badenas calificó la actuación de la UCO como una «persecución política» por parte de la izquierda. Se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. El exresponsable de la Fundación Valencia Activa, declaró desconocer los detalles del registro realizado por la UCO de la Guardia Civil en el consistorio de la capital del Turia y en las instalaciones de la fundación. Explicó que permaneció «toda la mañana en el pleno del Ayuntamiento», lo que le impidió estar al tanto de la operación.
Sin embargo, Badenas afirmó con rotundidad que se considera «objeto de una persecución política» y que, en su opinión, «se utiliza a los medios judiciales y de la Fiscalía» en su contra. Estas declaraciones se producen tras la intervención de la UCO para recabar documentación relacionada con contratos gestionados durante su etapa al frente de la fundación municipal.
Por su parte, Catalá ofreció una explicación matizada, negando que se tratara de un «registro» y describiéndolo como una «solicitud de documentación» por parte de la Guardia Civil en relación con contratos de la Fundación Valencia Activa tanto de la legislatura actual como de las anteriores, incluyendo las del gobierno progresista. Catalá insistió en la «máxima colaboración» del Ayuntamiento con la Fiscalía y anunció que solicitará información sobre la actuación de la Guardia Civil.
