La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó poco antes de las 17 horas de esta tarde el registro de la vivienda del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia. La diligencia, enmarcada en la investigación abierta contra el actual diputado del Grupo Mixto en el Tribunal Supremo por el llamado «caso Koldo», se inició a primera hora de la mañana con la presencia del propio exministro.
Alrededor de las 16:45 horas, varios agentes de la UCO abandonaron el edificio portando cajas, maletines y maletas, que fueron introducidos en vehículos antes de retirarse del lugar. Minutos después, la abogada de Ábalos también salió, sin querer responder a las preguntas de los medios. Posteriormente, el exministro confirmó a los medios que le habían clonado su teléfono móvil y otros dispositivos digitales, destacando que el trato con los agentes había sido «exquisito».
Fuentes jurídicas informaron a EFE que la UCO buscaba en el domicilio de Ábalos documentación relativa a adjudicaciones de contratos de obra civil. Estas diligencias se inscriben en una pieza secreta de la investigación dirigida por el magistrado Leopoldo Puente y estarían relacionadas con supuestas comisiones a las que habría aludido Víctor de Aldama, empresario y presunto conseguidor de la trama. Además del registro en la propiedad de Ábalos, los agentes también han estado requiriendo documentación en diversas empresas.
«José Luis Ábalos pudiera haber participado, puesto de acuerdo con terceros y desde su condición de titular del Ministerio de Transportes, en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica«, afirma el El Periódico, que ha tenido acceso al auto del juez.
Este registro marca la primera vez que la UCO interviene una propiedad del que fuera también dirigente socialista. Ábalos es investigado en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias o cohecho. La causa se inició por supuestas comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia, pero su alcance se ha extendido a posibles irregularidades en otras adjudicaciones públicas. El empresario De Aldama, también investigado en el alto tribunal, mencionó en declaraciones judiciales el presunto pago de comisiones a altos cargos y habló de supuestas obras públicas preadjudicadas vinculadas al Ministerio de Transportes. De hecho, su primera declaración se tradujo en su salida de prisión por otra causa judicial en su contra (un presunto macrofraude en hidrocarburos) tras un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación sobre el patrimonio del exministro comenzó hace meses, cuando el magistrado Leopoldo Puente ordenó una investigación patrimonial sobre Ábalos. La UCO, en respuesta, remitió al alto tribunal un informe preliminar con «información básica patrimonial y financiera», lo que llevó al juez a solicitar a la Agencia Tributaria y a una entidad bancaria que ampliaran la investigación para determinar si se han producido «alguna clase de ingresos irregulares» en las cuentas de Ábalos.
Esta mañana, la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, aprovechó la rueda de prensa tras la reunión del Ple del Consell para afirmar que el Ejecutivo de Sánchez está «acorralado por corrupción».
