El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una revisión drástica de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU), optando por rechazar una parte sustancial de la financiación en forma de préstamos que la Unión Europea tenía prevista para el país. En concreto, el Gobierno ha decidido renunciar a más de 60.000 millones de euros, lo que representa cerca del 70% de la porción crediticia total que España tenía asignada para el periodo 2021-2026.
La decisión, que forma parte de la llamada Adenda al Plan, implica que España únicamente solicitará 22.800 millones de los 83.160 millones de euros a los que podía aspirar en concepto de préstamos. Paralelamente, la prioridad del Ejecutivo es asegurar la totalidad de los cerca de 80.000 millones de euros en subvenciones, de los cuales ya ha obtenido 55.000 millones. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido el encargado de defender la medida, asegurando que la estrategia busca “maximizar” los recursos disponibles antes del plazo de agosto de 2026.
Según la justificación ofrecida por Cuerpo, el principal argumento para la renuncia a los préstamos es financiero: «Los préstamos ya no son interesantes porque cuestan casi igual al Estado si se endeuda en los mercados», afirmó el ministro. No obstante, reconoció que esta situación de los costes de financiación puede variar en la larga vida de los créditos europeos, y que otros socios como Italia aprovecharon para solicitar estos fondos mucho antes. Pese al rechazo general, Cuerpo adelantó que España sí solicitará 6.500 millones de euros adicionales en préstamos el próximo año.
La dificultad del Gobierno para sacar adelante reformas clave exigidas por Bruselas también ha pesado en la decisión. El ministro de Economía desveló que, debido al bloqueo parlamentario, se ha optado por sacar del Plan de Recuperación la Ley de creación de la Autoridad del Cliente Financiero, una medida que estaba condicionada al desembolso de fondos de la UE y que se vio frustrada por el voto en contra de Junts. Cuerpo afirmó que con esta retirada se pasa «de una red de seguridad europea a una nacional» en materia de costes de financiación.
En cuanto a las subvenciones, el Gobierno sigue trabajando para desbloquear los fondos retenidos por la Comisión Europea. La retención se debe al incumplimiento de la condición que el propio Ejecutivo se autoimpuso en el Plan: la subida del impuesto al diésel para equiparar su fiscalidad a la de la gasolina. Cuerpo se ha comprometido a intentar aprobar esta medida antes de un nuevo plazo fijado por la UE que vence «a finales de enero».
Finalmente, el ministro anunció que la Adenda incluye una inyección de 13.000 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) como medida de sostenimiento crediticio. La renuncia al grueso de los préstamos europeos también impactará en la estrategia de endeudamiento nacional, ya que el Estado deberá emitir más deuda el próximo año, alcanzando un total de 285.693 millones de euros, superando la cifra prevista para 2025.
Imagen: Carlos Cuerpo, este martes. Pool Moncloa/ J.M. Álvarez.
