Como si se tratara de una jornada nefasta en los mercados bursátiles, este jueves será recordado para muchos ciudadanos como un ‘jueves negro’, el día en el que el Ejecutivo y el partido que lo sostiene están acorralados por noticias que minan el espíritu de limpieza y transparencia con el que empezó el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018. La jornada de hoy ha desvelado un panorama judicial extraordinariamente complejo para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su entorno, con la irrupción de tres nuevas líneas de investigación que apuntan a tramas de corrupción, fraude millonario y blanqueo de capitales. El denominador común en estos expedientes es la presunta utilización de estructuras empresariales y cargos públicos de la Administración central para obtener beneficios ilícitos.
La atención se centra una vez más en la órbita del exministro de Transportes y entonces número dos de Ferraz, José Luis Ábalos y ex altos cargos de empresas públicas, con la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegando operativos y emitiendo informes que socavan la integridad de estructuras gubernamentales clave.
El golpe más reciente proviene de un informe de 182 páginas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional. Los investigadores del Juzgado Central de Instrucción número 5 concluyen que una presunta «organización criminal» ligada al fraude de hidrocarburos llegó a «destinar» aproximadamente un millón de euros para «comprar la voluntad» de José Luis Ábalos y otros cargos públicos.
La trama, dirigida por Víctor de Aldama y Claudio Rivas, habría usado empresas instrumentales para «permear» las estructuras de la Administración con el objetivo de obtener influencias a cambio de «dádivas y contraprestaciones ilícitas». El informe detalla cómo Rivas presuntamente solicitó la intermediación de Aldama para que este, a su vez, influyera en Ábalos y sus órganos ministeriales. El objetivo era «agilizar» la concesión de una licencia clave para la mercantil Villafuel, permitiendo a la red operar en el mercado de hidrocarburos y perpetrar un «supuesto fraude millonario» que el juez cifra en más de 220 millones de euros.
La UCO subraya la «posible penetración» de la trama en los niveles directivos de hasta tres ministerios: Transportes, Industria y Transición Ecológica, vehiculada a través del «acceso» de Aldama al exministro de Transportes y su entorno.
SEPI y el entorno de Cerdán
Simultáneamente, una operación de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO ha llevado a la detención de varias personas por una presunta red corrupta que se habría beneficiado de contratos públicos al poco de la llegada del PSOE al Gobierno en 2018.
Entre los arrestados figuran el empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola, dueño de Servinabar 2000 (empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán); la exmilitante socialista Leire Díez, y Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Las pesquisas se centran en la etapa de Fernández al frente de la SEPI y la ubicación de Díez en la empresa pública ENUSA Industrias Avanzadas.
Esta trama, que en ciertos puntos se solapa con la investigación que ya afecta a Ábalos y Cerdán en el Supremo, ha provocado 19 registros y requerimientos de información en sedes clave del sector público, incluyendo ENUSA, SEPI, Sepides y Mercasa, además de la empresa de renovables Forestalia, que mantiene vínculos con Servinabar.
La Policía registra Plus Ultra
El tercer frente judicial se ha abierto en la compañía aérea Plus Ultra, rescatada por la SEPI en 2021 con 53 millones de euros de dinero público. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la sede de la aerolínea en Madrid y ha detenido a su presidente, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Roselli, por presunto blanqueo de capitales.
Esta investigación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, tiene su origen en una denuncia de octubre de 2024. El ministerio público sostiene que el dinero del rescate gubernamental se habría utilizado de manera «indebida» para realizar devoluciones de préstamos a cuentas en el extranjero vinculadas a una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de fondos ilícitos procedentes de Venezuela, un indicio que apunta a una «defraudación al Estado».
Imagen: Ábalos, en el portal de su vivienda en Valencia, junio de 2025.
